Contratos de venta de armas turbios, financiación política, secretos de defensa, rivalidad en la derecha francesa y un sangriento atentado en Pakistán se entrecruzan en el llamado 'Karachigate', un escándalo de Estado que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, no consigue quitarse de encima.
La justicia francesa investiga un presunto circuito financiero para la venta de submarinos a Pakistán -y fragatas a Arabia Saudí- en 1994 que posibilitó el regreso de forma ilegal a Francia de parte del dinero, el cual habría servido para financiar la campaña presidencial del entonces primer ministro Edouard Balladur, rival de Jacques Chirac (1995-2007).
El portavoz de campaña y ministro de Presupuesto de Balladur era entonces el actual presidente francés.
Durante una comparecencia de más de cuatro horas ante el juez Renaud Van Ruymbeke, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, secretario general de la presidencia con Chirac, confirmó el jueves su "muy fuerte convicción" sobre la existencia de comisiones ilegales (retrocomisiones), según Olivier Morice, abogado de las familias de las víctimas.
Quince personas, entre éstas 11 franceses que trabajaban para la Dirección de Construcciones Navales francesas (DCN) en Karachi, morían el 8 de mayo de 2002 en un atentado, cuya instrucción está a cargo del juez Marc Trevidic.
Van Ruymbeke se encarga por su parte de las investigaciones financieras.
"He indicado al juez que en mi opinión no hay ningún vínculo entre el atentado de Karachi y el cese de las comisiones", dijo Villepin a la prensa a la salida de la audiencia que él mismo había solicitado.
En cambio, Villepin, que en los próximos días comparecerá ante Trevidic, no hizo ninguna declaración sobre la existencia de las 'retrocomisiones'.
Durante muchos años las investigaciones judiciales sobre el atentado se centraron en la red Al Qaeda, pero en los últimos meses se orientaron hacia una "represalia paquistaní", concretamente del servicio de inteligencia paquistaní, tras la decisión de Chirac en 1995 de poner fin al pago de comisiones, lo cual frenaba las 'retrocomisiones'.
El caso que amenaza con convertirse en un escándalo de Estado a tan sólo 18 meses de las elecciones presidenciales de 2012 comenzó en septiembre de 1994, cuando Francia y Pakistán firman un contrato para la venta de tres submarinos franceses "Agosta" por 5.500 millones de francos (1.100 millones de dólares).
El pago de comisiones en el mercado del armamento fue legal hasta el año 2000, cuando Francia ratificó una convención internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según varios testimonios, en el caso paquistaní las comisiones ascendieron al 4% del monto total de la operación, es decir más de 200 millones de francos (42 millones de dólares) que circularon por una sociedad luxemburguesa llamada Heine, que habría sido creada con el aval de Sarkozy.
"El señor Villepin es capaz de poner nombres pero no quiere hacerlo por temor a poner en dificultad a su corriente política", opinó Morice.
Villepin, que semanas atrás afirmó que "Nicolas Sarkozy es uno de los problemas de Francia", dijo el viernes por televisión que tenía "muy fuertes sospechas" de que las "comisiones ilegales" existieron, provocando la ira del jefe de Estado.
La decisión de Villepin de testimoniar en un caso potencialmente incómodo para Sarkozy vuelve a poner sobre la mesa su odio mutuo y visceral, que en 2009 trasladaron a los tribunales con el caso Clearstream, una vasta manipulación política orquestada para desestabilizar la carrera presidencial del segundo.
"Lo único que busca Dominique de Villepin es que se hable de él", opinó este viernes un ex alto cargo de la gobernante UMP que Villepin sigue integrando sin ocultar su ambición presidencial.
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