Reanudan tramitación proyecto termoeléctrico Castilla

Esta tarde la intendenta de la región de Atacama, Ximena Matas, preside la reanudación del trámite ambiental del proyecto de la Termoeléctrica Castilla, que había quedado detenida luego que la Corte de Apelaciones resolviera como ilegal el cambio de su calificación desde "contaminante" a "molesta".

A las 15:30 hrs. en Copiapó se reanudará el trámite ambiental del proyecto de la termoeléctrica Castilla, de propiedad de la empresa MPX, ligada al empresario brasileño Eike Batista, en una reunión presidida por la intendenta de la región, Ximena Matas.

La tramitación había quedado detenida en el día 178 de los 180 días de plazo máximo de la calificación ambiental, luego que el 15 de noviembre la Corte de Apelaciones fallara que el cambio de “contaminante” a “molesta” que realizó el ex seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, era ilegal.

Si el proyecto es calificado como “contaminante”, la Corema de la III Región no podrá aprobarlo, ya que el plano regulador impide instalar este tipo de industrias en la zona donde se emplazará el proyecto.

Antes de la reunión la cuota de incertidumbre había sido aportada por los Funcionarios del Servicio de Salud de Atacama, quienes habían solicitado a la Contraloría la inhabilitación del seremi Nicolás Baeza, por incompatibilidad en el cargo.

Según los trabajadores de Fenfussap, el problema es que la consulta privada de Baeza cuenta con “salas de procedimientos invasivos”, las cuales son fiscalizadas por el mismo organismo que él dirige, por lo que no podría tener ambos roles.

Sin embargo, Patricio Escobar, abogado de la ONG Atacama sin Carbón, aseguró que éste será un proceso largo y que sus efectos no afectarán la audiencia de la Corema.

Escobar dijo que espera que esta tarde se reanude la tramitación del proceso de calificación ambiental y que la votación se realice en los próximos dos días: “De producirse la votación en los plazos legales, una vez reanudado el proceso como esperamos que ocurra, la única opción a nuestro juicio es que la Corema tiene que rechazar el proyecto. Dado que los antecedentes que existen hoy incluyen la calificación de contaminante hecha por la seremi Pilar Merino, calificación que tiene pleno valor al haber sido restituida por la Corte Suprema. Y al existir dicha calificación vigente, la Corema no tiene más opción que rechazar el proyecto”, explicó.

Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Matías Asún, afirmó que no corresponde que la Corema apruebe el proyecto, por los antecedentes legales y por las denuncias de la ciudadanía sobre los impactos ambientales y las condiciones en las que se ejecutaría el proceso.

El ambientalista aseguró que, a partir de este caso, le gustaría un pronunciamiento por parte del Gobierno: “Nos gustaría que hubiera un pronunciamiento oficial, de Gobierno, rechazando toda fuente contaminante, toda incentivo a contaminar, todo costo que se transfiere a las personas y no a los intereses que están invirtiendo”, indicó.

“En este caso es más bien una lucha particular para ver detenido un proyecto que no debe construirse. En términos generales no sienta un precedente sobre las centrales, sienta un precedente sobre la voz ciudadana y la participación pública en estas decisiones. Esperemos que eso nutra una discusión en política pública, en que las autoridades estén dispuestas a considerar y a revisar cuáles son sus planes energéticos para el país”, dijo Asún.

Al finalizar la reunión de hoy, el seremi de Salud deberá definir si acoge o no la solicitud de invalidación presentada por la empresa dueña del proyecto, que solicita la nulidad de la resolución de la Corte Suprema que mantiene el proyecto como contaminante.

La decisión de la autoridad se dará a conocer una vez concluida la reunión. De ser acogida la solicitud, comenzaría a correr nuevamente el plazo de 180 días que dicta la ley para la evaluación del proyecto.